BIBLIOTECA TERCER MILENIO
 

LA DICTADURA DE O'HIGGINS

CAPÍTULO XII

LA CONSPIRACIÓN DE 1820

 

I

La necesidad de no interrumpir la narración de las campañas marítimas y terrestres me ha obligado a suspender hasta ahora el relato de las maquinaciones que en ese mismo tiempo tramaban, tanto los carrerinos como los demás opositores a la administración de O'Higgins.

Ni D. José Miguel desde Montevideo, ni sus parciales en Chile, habían abandonado por un instante el pensamiento de derribar a su aborrecido rival. Si la ambición no los hubiera impulsado a ello, los habría ciertamente estimulado el deseo de vengar los sangrientos agravios que habían recibido y la tenaz persecución de que eran víctimas. Así no cesaban un momento de trabajar con ese objeto, y tanto Carrera como sus secuaces de acá, mantenían entre sí una correspondencia furtiva y sostenida. Los de Chile enviaban noticias, y de Montevideo les venían instrucciones.

Estas relaciones no pudieron permanecer ocultas por largo tiempo, y el director, que daba en su temor la medida de la importancia que atribuía a Carrera, se apresuró a tomar precauciones para evitar cualquier descalabro. Con esta intención se presentó al Senado el 16 de Noviembre de 1818, para que declarase que aquél era un peligro inminente de la patria, y le autorizase para proceder extraordinariamente al descubrimiento y castigo de los tales corresponsales.

Habiéndole el Senado concedido en el acto lo que solicitaba, O'Higgins nombró una comisión compuesta de Villalón, Lazo y Villegas, a fin de que rastreasen las tramas que hubiera y aplicasen a los cómplices la condigna pena.

Se levantaron entonces minuciosos sumarios y se formaron abultados expedientes. No se arribó, sin embargo, por de pronto a ningún resultado importante; pero a poco se sorprendió un cajón de impresos que D. José Miguel remitía de Montevideo a sus confidentes de acá, con lo cual se creyó que había llegado la ocasión de hacer un riguroso ejemplar.

El 20 de Enero de 1819, la comisión arriba mencionada dictó, bajo la presidencia del director, un fallo por el cual condenaba a José Conde, el asistente de Carrera, a perpetua expulsión del territorio chileno y a una confinación de seis años en Las Bruscas; a D. Tomás José Urra, a destierro a la Patagonia; a doña Rosa Valdivieso, suegra de D. José Miguel, a encierro en un monasterio de Mendoza; a doña Ana María Cotapos, viuda de D. Juan José, a confinación en Barrasa; a D. Miguel Ureta, a destierro en Córdoba; a D. José Mauricio Mardones, a destierro en la ciudad de San Luis de Loyola; al presbítero D. José Peña, a destierro en Mendoza, y a otros correos, a penas menores. Todos estos individuos eran los complicados en el negocio de la correspondencia clandestina enviada desde Montevideo.

 

II

Estas severas medidas suspendieron por varios meses en Chile las tramoyas carrerinas; pero a principios de 1820, el descontento general producido por la dictadura de O'Higgins originó una vasta conspiración, en que se comprometieron muchos personajes de alta categoría. Contábanse entre los alistados nada menos que Infante, D. Agustín Eizaguirre, Cienfuegos, D. Pedro Prado, D. Manuel Muñoz Urzúa, todos miembros de las antiguas juntas gubernativas. A éstos se agregaban algunos oficiales retirados de la patria vieja, muchos en actual servicio, y muchos paisanos de diferentes rangos y edades.

El jefe que debía ponerse a la cabeza del movimiento era D. José Santiago Luco, que en el principio de la revolución había sido coronel del batallón de granaderos; pero como en la época de que voy tratando no tenía ninguna influencia personal sobre la tropa, y sólo debía a su alta graduación el honor que le discernían los conjurados, los jefes reales y verdaderos de la insurrección proyectada eran otros oficiales que ofrecían por su intervención el apoyo de los cuerpos que guarnecían a Santiago.

Entre éstos se distinguían dos jóvenes que tenían sentada su reputación de bravos: D. Ramón Novoa y D. Ramón Allende. El primero, ya desde entonces llevaba escrita su hoja de servicios en las cicatrices de su cuerpo, y el segundo debía merecer más tarde el honor de ser saludado por Bolívar como la mejor lanza del Ejército colombiano. En torno de estos dos se agrupaban otros, no menos sobresalientes que ellos por su arrojo.

Como sucede en las maquinaciones políticas, no todos los comprometidos sacaban francamente la cara. Había una especie de comisión central, cuyos miembros agenciaban los preparativos de la empresa y se comunicaban en particular con los demás iniciados. Reuníase ésta en casa de D. Manuel Ovalle, y se componía de este mismo señor, de D. Juan Antonio Díaz Muñoz, D. Manuel Muñoz Urzúa, D. Ramón Novoa, D. Ramón Allende, Cuadra, D. Isidoro y D. Antonio Vial, D. Bernardo Luco, D. Miguel Ureta, y dos o tres personas más.

Estos caballeros se habían proporcionado inteligencias en los cuerpos de la guarnición, y obraban con el convencimiento de que todos ellos se sublevarían a su voz. El principal obstáculo que divisaban para el triunfo era el ejército que San Martín tenía en aquel entonces acantonado en Rancagua; pero no dejaban de haber trabajado sobre aquellos batallones mismos, y como, por otra parte, su número era más ó menos igual al de la guarnición de Santiago, estaban resueltos en último caso a decidir la cuestión en batalla.

El odio de la dictadura de O'Higgins ligaba momentáneamente a los conjurados; pero el fin que se proponían no era el mismo. Todos ellos deseaban la caída del director; mas los altos magnates que se habían comprometido en la empresa pensaban trabajar para sí mismos, y los jóvenes oficiales que disponían de la tropa se burlaban a sus solas de estas esperanzas, porque tenían acordado llamar de Montevideo a D. José Miguel Carrera.

El triunfo, si es que lo hubieran obtenido, los habría necesariamente dividido. Sin embargo, estuvieron muy distantes de encontrarse en ese trance.

Discutían sobre el momento oportuno para dar el golpe, cuando el Gobierno se puso en movimiento y aseguró a la mayor parte de los conjurados.

Después de algunas averiguaciones fueron confinados: quiénes a las costas del Chocó, quienes a Valdivia, quienes a Juan Fernández. Unos pocos lograron escaparse, y otros pocos, los de más categoría y cuya intervención en la conjuración había sido más solapada, fueron considerados por el director mismo, que no se atrevió a encarcelar un tan gran número de ciudadanos.

III

Este suceso, que sumergía en la aflicción a muchas familias, exasperó los ánimos de una porción considerable del vecindario. Aunque por lo bajo, se redoblaron las quejas contra el despotismo de O'Higgins.

Los más exaltados propalaron que era él mismo quien había fomentado la conspiración para descubrir y atrapar a sus enemigos; que, por medio de D. José Antonio Rodríguez, había sugerido el pensamiento a algunas personas que le eran sospechosas; y que este mismo caballero le había conducido en varias ocasiones disfrazado a casa de Ovalle, y que en otras le había mantenido al corriente de cuanto pasaba. Según los que esto pretendían. Rodríguez estaba al cabo de todo, porque se hallaba en contacto con varios conjurados, y vivía aun en casa de uno de ellos.

Los más moderados no cargaban en cuenta a O'Hig­gins la iniciativa del proyecto, pero acusaban a Rodríguez de traidor y delator.

La primera de estas aserciones no merece discutirse; es uno de esos absurdos que sólo puede admitir la pasión de partido en momentos de acaloramiento. Jamás los gobiernos recurren a medios tan peligrosos como el mencionado para reconocer a sus adversarios.

La segunda aserción es posible; pero, ¿dónde están las pruebas? Es verdad que, en los cargos de esa especie, es difícil suministrarlas; mas también es cierto que las facciones políticas son sobrado ligeras en sus acriminaciones.

Rodríguez pasó casi incontinenti a ser el ministro influente del director O'Higgins. Sus contrarios dieron su elevación como una prueba irrecusable de su delación; mas yo pregunto ¿no sería ella el origen de esa terrible acusación?

En un caso como éste, la suspensión de juicio es el partido que corresponde a la imparcialidad de la Historia.

 

IV

De todos modos, esa verdad, o esa calumnia, era un mal antecedente para un ministro. Suministraba a sus opositores una arma poderosa para mancillar su reputación, para arrebatarle su popularidad. El pueblo, en todas partes, en las monarquías y en las repúblicas, es propenso a prestar oídos a los cargos que se levantan contra sus gobernantes.

Por desgracia de Rodríguez, no era este el único motivo de disfavor que se podía remover para desprestigiarle. Había sido realista; había servido destinos de importancia al lado de las autoridades españolas; esos antecedentes políticos no podían menos de perjudicarle, cuando la exaltación de la lucha contra España no se había calmado todavía, cuando esa lucha misma no estaba concluida.

Rodríguez era un hombre de alta capacidad, uno de los primeros abogados de América. Había comenzado su carrera pública sirviendo la auditoría del ejército realista bajo el mando del general Gainza.

Después de la reconquista española en 1814 había sido nombrado fiscal de la Audiencia de Santiago. En este empleo se había mostrado clemente y bondadoso con los patriotas vencidos.

Su ninguna animosidad contra los rebeldes le había hecho sospechoso a la camarilla de Marcó, que comenzó a tratarle de insurgente y de venal. La irritación de aquella administración contra Rodríguez por la conducta que observaba llegó hasta el punto de recabar Marcó de la Audiencia que le remitiese a España bajo partida de registro. Los oidores sostuvieron a su colega y se negaron a tomar semejante medida. Pero Marcó no desistió de su empeño y envió a la corte un sumario que levantó en secreto para fundar sus recelos contra Rodríguez.

Afortunadamente para éste, la nave que conducía ese sumario cayó en poder de unos corsarios patriotas, que lo arrojaron al mar con el resto de la correspondencia.

Entretanto Rodríguez había averiguado, no sé cómo, el riesgo que le amenazaba, y escribió al arzobispo de Lima, que le protegía. Este patronato le conservó en su empleo hasta la batalla de Chacabuco.

Después del triunfo de los revolucionarios, los servicios que había prestado a muchos individuos, poco antes oprimidos y entonces vencedores, su conducta equívoca en la época de Marcó, sus relaciones de amistad con O'Higgins y su familia, a quienes había tratado en Chillán, de donde era natural, le valieron el no ser perseguido como lo fueron los demás realistas, sus correligionarios.

Por de pronto se encerró en la vida privada; pero poco a poco fue adquiriendo una grande influencia sobre el ánimo del director.

En 1819 el Gobierno pensó en reorganizar el Instituto Nacional, que, hijo de la revolución, había perecido con la reconquista de 1814. Para asegurarle rentas se resolvió incorporarle el Seminario conciliar. Esta medida suscitó dificultades y murmullos de parte del clero. Para desvanecer esos escrúpulos se encargó a Rodríguez la redacción de una memoria en apoyo de la providencia.

Esta Comisión puede decirse que marcó su vuelta a los negocios públicos. Su escrito fue muy bien recibido, y aplaudido por la erudición que desplegaba en él. Pero su reputación de hábil legista no alcanzaba a desvanecer las prevenciones que abrigaban los patriotas contra un individuo que había servido a los gobernantes españoles. Su conversión de fresca data no les parecía una prenda suficiente de seguridad, y le miraban con cierta desconfianza y desapego.

Por grande que fuera el afecto que le profesaba, O'Higgins era el primero en reconocer la impopularidad de Rodríguez y el disgusto que ocasionaría su encumbramiento. Así, para efectuarlo, caminó con tiento, y tomó precauciones. Principió por hacer que el Senado se lo recomendase como una persona digna de ocupar un ministerio; y enseguida, con fecha 2 de Mayo de 1820, le nombró sólo como interino para el de Hacienda, so pretexto de que D. Anselmo de la Cruz debía trasladarse a Valparaíso para erigir en principal la aduana de aquel puerto.

Esta fue la manera precavida y temerosa como se introdujo al Gabinete un hombre que a los pocos meses debía ser el factótum del director, y señalar el rumbo a la política del Gobierno.

Pero antes de referir los sucesos a que dio lugar la ingerencia de Rodríguez en la Administración, tengo que transportar al lector al otro lado de los Andes, donde se desarrollaron acontecimientos que se hallan íntimamente ligados con la historia que voy narrando.